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El topo que vino a destruir el estado, y hasta ahora, ha cumplido.
Argentina está hoy en paro. El cuarto desde que el experimento libertario tomó la Casa Rosada. No es una anomalía: es un síntoma. Cuando un país se detiene con esta frecuencia, no protesta; se defiende. El disparador inmediato es la nueva ley laboral, presentada como modernización y percibida —con razón— como una asimetría brutal contra el trabajo. Pero reducir el conflicto a una norma es una comodidad analítica. El problema es más profundo, estructural y, sobre todo, deliberado.
Bajo el gobierno de Javier Milei, Argentina asiste a una paradoja cruel: se promete libertad mientras se destruye la base material que la hace posible. Más de 30 multinacionales se han ido del país, y 22.000 empresas locales han cerrado en dos años, generando más de 290.000 desempleados. Analistas señalan que entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, el empleo registrado retrocedió más de un 2,7% en sectores como la construcción y la industria manufacturera, sufriendo ambas, pérdidas profundas.
La histórica fábrica nacional de neumáticos, FATE, con más de ocho décadas de funcionamiento, bajó la cortina y deja a 920 trabajadores en la intemperie, arrastrando consigo una red productiva que no aparece en los powerpoints del ajuste.
La precarización se disfraza de innovación. Casi el 10 % de la masa laboral sobrevive hoy en plataformas digitales como Uber, Didi, Rappi y otras, sin derechos, sin estabilidad y con algoritmos como jefes. Argentina quintuplica a Chile (2%), y supera incluso a Estados Unidos (2,6%), en esta modalidad. No es vanguardia: es regresión con celular.
Mientras tanto, es el país más endeudado del planeta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), concentrando una porción colosal de la deuda global, sólo Argentina acumula el 35% de dicha deuda. El dólar vive en una banda ficticia, el atraso cambiario carcome exportaciones y el consumo se desploma. Aunque el Gobierno destaca un supuesto superávit comercial reciente, la actividad interna sigue oscilando por debajo de lo necesario para sostener empleo y producción estables.
La productividad laboral argentina ha sido una trampa contra el crecimiento: datos de la Organization for Economic Co‑operation and Development muestran que la productividad por trabajador lleva años estancada o en caída, con crecimiento potencial que se ha desplomado desde más de 3 % a alrededor de 0,5 %, y una merma estructural que arrastra décadas.
Los jubilados han perdido más de un 40 % de su poder adquisitivo real. La pobreza oficial se sitúa cerca del 30 %; mientras organismos internacionales independientes la estiman por encima del 50%. El mercado laboral formal apenas llega al 57 %, mientras la informalidad (trabajo en negro), avanza como maleza y llega al 43%. La obra pública está paralizada y la mortalidad infantil alcanza su peor registro en veinte años. Todo esto, en nombre de un equilibrio fiscal que equilibra planillas, no vidas.
El carry trade es la fiesta privada del modelo: dólar pisado, tasas obscenas en pesos y una bicicleta financiera que licúa deuda y divisas en favor de los mismos de siempre. No es un error de diseño; es el diseño.
Y en la cúspide, un presidente más atento a los escenarios que a los indicadores, más proclive al insulto que a la política pública, genuflexo ante Washington y orgulloso de su rol autoproclamado: el topo que vino a destruir el Estado. Esta vez, al menos, dijo la verdad.
La paradoja grotesca es que, mientras cava, no distingue entre Estado y sociedad. Y cuando el topo confunde cimientos con enemigos, el derrumbe deja de ser metáfora.
Argentina no está en crisis: está siendo desmantelada con aplausos grabados y épica de cartón. El ajuste no es un tránsito doloroso hacia el futuro; es una marcha atrás vestida de revelación. Y el costo, como siempre, no lo pagan quienes cantan, sino quienes callan porque ya no tienen trabajo, ingreso ni voz. @MisColumnas
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